* Juicio al Presidente e integrantes del Congreso de la Unión

*  Se incluyen los delitos delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, entre otros

* Cristóbal Arias: “esta reforma termina con un régimen de excepción y de impunidad

Foto: Archivo del Senado

Por Arturo Romero Sánchez

Corresponsal/Lapolacamich  

CIUDAD DE MÉXICO. – Las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política Mexicana, fueron aprobadas en el Senado de la República, reformas mediante las cuales se podrá someter a juicio al Presidente de la República, y a los integrantes del Congreso de la Unión, no solo por traición a la Patria, ya que en estas reformas se incluyen los actos de corrupción y los delitos electorales.

La votación para aprobar estas reformas, después de haber sido discutidas, otorgó 111 votos a favor y solo uno en contra.

En estas modificaciones, fueron incluidos los delitos señalados en el segundo párrafo del artículo 19, que son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

En cuanto a las modificaciones al capítulo “De las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado”, también serán aplicables a los integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

El artículo 111 constitucional, establece que, para proceder penalmente contra el Presidente, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, referente al juicio político. En este supuesto, el Senado resolverá con base en la legislación penal aplicable.

(El Artículo 110 constitucional  Dice que “Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado)

El senador Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación, explicó que esta reforma termina con un régimen de excepción y de impunidad que protegía al Presidente de la República. También, dijo, se sientan las bases constitucionales para combatir, erradicar y sancionar la corrupción, como lo demanda la sociedad.

Este dictamen se turna a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

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