¿Qué están haciendo por Michoacán nuestras 40 diputadas y diputadas?

Aquí sus últimos posicionamientos

Propone Mayela Salas aumento en la penalización para castigar la extorsión

Debido al aumento en los casos de extorsión y la impunidad con que se cometen por la falta de sanciones más enérgicas, la Diputada Local del Partido del Trabajo, Mayela del Carmen Salas Sáenz, presentó una iniciativa para reformar los artículos 224 y 225 del Código Penal del Estado de Michoacán, que pretende castigar este delito aun cuando no se concrete el daño patrimonial a la persona agraviada, y tiene un alto grado de impunidad.

“Es un hecho grave en nuestro estado, el delito de extorsión o también conocido como secuestro virtual va en aumento, debido a la disponibilidad en las redes de comunicación, los grupos delictivos han encontrado la forma a través de este delito de atentar contra la población, por lo tanto, debemos de cambiar el tipo penal”.

La legisladora petista propuso sancionar a quien ataque a personas con discapacidad y hasta el doble de castigo contra los criminales que operen desde centros de reinserción social. Por tal motivo solicitó a sus compañeros en el Congreso a aplicar acciones concretas que inhiban este ilícito.

“Pretendemos que este delito cuente con más agravantes, compañeras y compañeros diputados. La sociedad nos exige acciones concretas y una normatividad que verdaderamente inhiba los ilícitos en nuestra entidad, que castigue a quien vulnera la paz y tranquilidad de las personas, aumentando las penas cuando el caso así lo amerite”. Sentenció.

Propone Ernesto Núñez incluir evaluaciones de impacto económico en iniciativas legislativas

En busca de elevar la calidad de las iniciativas de ley o de decreto, el coordinador parlamentario del Partido Verde en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, propuso que por ley las propuestas legislativas contengan como requisito una evaluación de impacto económico, jurídico y social, a fin de facilitar la labor de las comisiones al momento de analizar y dictaminar los documentos.

Al aclarar que su propuesta no busca poner trabas a los legisladores para ejercer sus facultades, Ernesto Núñez destacó como fundamental que la calidad en la información y contenido de las iniciativas legislativas sea de acuerdo al nivel de importancia del mismo.

“Encontramos que en algunos congresos estatales es requisito legal que dichas iniciativas cuenten con estudios de impacto, principalmente económico, jurídicos y sociales; requisito que en el Congreso del Estado de Michoacán no está estipulado en la Ley”, expuso.

Ante la tribuna legislativa precisó que el trabajo parlamentario conlleva una gran responsabilidad, pues cada tema que se trabaja en el seno del Congreso tiene impacto en la vida de las y los michoacanos (económicos, políticos, sociales, ambientales, y administrativos), los cuales deben ser analizados a fondo.

La propuesta de reforma al articulo 235 de la Ley Organica y de Procedimientos del Congreso Estado, contempla que además de las evaluaciones de impacto jurídico, administrativo, presupuestario y social, se incorporen otros de acuerdo a las distintas temáticas de la iniciativa, tales como el impacto ambiental o de género.

Responsabilidad penal contra servidores públicos en el delito de feminicidios: María de la Luz

Imputar responsabilidades penales en contra de servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en el delito de feminicidios, contiene la Iniciativa con proyecto de Decreto presentada por la Diputada María de la Luz Núñez Ramos, presidenta de la comisión de Igualdad Sustantiva y de Género.

Esta iniciativa busca garantizar a plenitud los derechos humanos de las mujeres al destituir o inhabilitar de su cargo o comisión pública a cualquier servidor público que no cumpla su trabajo de ley.

“Promover, garantizar y proteger los derechos humanos y civiles de las victimas es obligación primordial del Estado”, destacó Núñez Ramos en su exposición ante el pleno del congreso del estado.

En nuestro país, sólo se denuncian 6.4 delitos por cada 100 que se cometen, de los cuales sólo un 0.9% de ellos cuentan con la probabilidad de ser resuelto. Esto demuestra la baja confianza de la población hacia ministerios públicos o fiscalías estatales. Los familiares de las víctimas enfrentan situaciones de discriminación, intimidación o coacción por parte del personal de las instituciones obligadas a velar y cuidar de su esfera jurídica y personal.

“La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer reconoce la urgente necesidad de aplicar los derechos de las mujeres y sus principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad, así como a su dignidad”, sentenció la diputada.

Esta iniciativa propone imponer de dos a seis años de prisión, y una multa que va desde mil y hasta los seis mil días de salario mínimo, así como la destitución e inhabilitación del cargo o comisión, de cinco a diez años, al o los servidores públicos que, derivado de sus funciones y atribuciones, tengan a su cargo la investigación o la procuración e impartición de justicia del delito de feminicidio.

Las conductas que contempla para ejercer la penalización son las siguientes:

  • Omitir realizar las diligencias, actuaciones e investigaciones correspondientes para integrar la carpeta de investigación, en los términos que establecen el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin causa justificada;
  • Efectuar actos de discriminación, coacción e intimidación, contra la o el denunciante u ofendido del delito;
  • Retardar o entorpecer intencionalmente, o por negligencia, la procuración o administración de justicia, sin causa justificada, y:
  • Alterar, manipular o modificar las pruebas recabadas durante la investigación, que afecten el esclarecimiento de los hechos

El Congreso del Estado reconoce en la ley a los cultivos hidropónicos

Con la finalidad de crear condiciones jurídicas para que las y los campesinos cuenten con una reglamentación operativa y legal para dotar de certidumbre a los cultivos hidropónicos, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reforma a la ley de Desarrollo Integral Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo.

En Sesión Ordinaria, las y los legisladores reformaron la fracción I del artículo 6 de la ley antes señalada, al definir dentro de las actividades rurales los cultivos inocuos en tierra y en sustratos inertes sin tierra.

En las consideraciones de la iniciativa de dictamen, se estableció que la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, derivado de diagnósticos realizados, identificó problemas de fertilidad, degradación por compactación y deterioro por pérdida de la capacidad nutritiva de los suelos, que afectan al 50 por ciento de los suelos de Michoacán.

“El desarrollo agrícola debe ir acompañado de medidas y políticas públicas que tengan como finalidad el resarcimiento del suelo donde se cultiva, pues un desarrollo que carece de lo anterior, traerá consigo problemas ambientales que tendrán repercusiones directas en nuestro entorno y en la calidad de los productos cosechados”, señala el dictamen aprobado.

Así mismo, explica que la hidroponía es el conjunto de técnicas que permite el cultivo de plantas en un medio libre de suelo, en lugares no tradicionalmente usados para el cultivo, como lo pudieran ser invernaderos sin climatización, pequeños espacios, azoteas o suelos infértiles.

Finalmente, se definió que los cultivos en hidroponía tienen varias ventajas, entre las que se encuentran: considerable reducción de costos de producción; la no dependencia de fenómenos metereológicos para su efectividad; producción  de cosechas fuera de la estación (temporada); eficiencia en los recursos económicos, humanos y materiales; obtención de productos sanos; se alcanzan mejores precios de mercado; y se puede cultivar en aquellos lugares donde la agricultura tradicional es difícil o casi imposible.

Congreso michoacano recibe y atiende a integrantes de la CNTE

Una comisión de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fueron recibidos por diputadas y diputados de la 75 Legislatura de Michoacán, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Íñiguez.

En este encuentro, solicitado por el ala magisterial que encabeza el maestro Gamaliel Guzmán, Hernández Íñiguez puntualizó que el legislativo estatal es un poder con apertura a todos los sectores y en donde siempre se velará por el interés general de las y los michoacanos, pero primordialmente por el de las y los niños.

“Quiero decirles que el Congreso del Estado tiene toda la disposición y las puertas abiertas para atenderlos y escucharlos. Esta legislatura se ha caracterizado por atender a todos los sectores que así lo soliciten. Las y los diputados estamos abiertos al diálogo apelando siempre a que sea de manera pacífica y respetuosa”, señaló la legisladora ante los integrantes de la CNTE.

La presidenta de la Mesa Directiva, aseguró que el pliego de peticiones que entregaron los docentes se llevará a las y los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, a fin de que se conozcan sus planteamientos. Reiteró su convocatoria al franco diálogo entre las partes involucradas para evitar afectar la educación de las niñas y los niños de la entidad.

En el encuentro estuvieron también presentes las diputadas Belinda Hurtado Marín y Mónica Valdez Pulido, además de los diputados Jesús Hernández Peña y Víctor Manuel Manríquez González.

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