El senador michoacano preside  la Comisión de Gobernación…

* Cristóbal Arias Solís aclara y sostiene que sólo beneficiará a detenidos por delitos menores  

* Quienes hayan cometido delitos graves, no podrán acogerse a este beneficio, precisa

* Dijo que la aprobación de esa Ley era un asunto de necesaria y urgente resolución

* Ello, “por razones humanitarias”, ante la contingencia por la pandemia del COVID-19, añadió

Redacción/La Polaca Mich

CIUDAD DE MÉXICO.- La recién aprobada Ley de Amnistía “sólo beneficiará a personas detenidas por delitos menores. No es verdad que se vaya a liberar a delincuentes peligrosos como lo señala la oposición”, aclaró el senador michoacano Cristóbal Arias Solís.

Entrevistado en el noticiero nacional Enfoque Noticias, de Núcleo Radio Mil, el presidente de la Comisión de Gobernación afirmó que la Ley de Amnistía aprobada el lunes 20 de abril únicamente considera como beneficiarios a quienes se encuentran privados de su libertad por delitos menores.

La Ley aprobada, dijo el senador del grupo parlamentario de Morena, no contempla como beneficiarios a reos de alta peligrosidad.

“Quienes haya cometido delitos graves o sean reincidentes en la comisión de un delito, no podrán acogerse a este beneficio, para tranquilidad y seguridad de la ciudadanía”, expuso el legislador.

Ante las acusaciones de la oposición en el sentido de que se pretende dejar en libertad a delincuentes de alta peligrosidad, Arias Solís consideró que se trata de “versiones irresponsables de la oposición”.

SENADO APROBÓ ESA LEY LLEVADA AL PLENO POR COMISIÓN DE GOBERNACIÓN QUE PRESIDE CAS

Cabe recordar que por mayoría, el Senado aprobó la Ley de Amnistía presentada por las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, en reconocimiento “a que el Estado no ha garantizado en ciertos casos el derecho al debido proceso y al peligro que representa la sobrepoblación de los penales ante la pandemia del Covid-19.

La aprobación se dio tanto en lo general como en lo particular.

El senador michoacano Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Gobernación,  precisó que previamente a la discusión y aprobación de la Ley de Amnistía en el pleno de la Cámara Alta, ambas Comisiones aprobaron por mayoría el dictamen correspondiente.

Arias Solís acentuó que la discusión y aprobación de dicha iniciativa, presentada desde diciembre por la Presidencia de la República, era un asunto de necesaria y urgente resolución por razones humanitarias, debido a la contingencia sanitaria por coronavirus y al llamado de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el sentido de aliviar la sobrepoblación de los centros penitenciaros, particularmente personas vulnerables al Covid-19.

Sostuvo que la Ley de Amnistía no otorgará ningún beneficio a delincuentes reincidentes, personas condenadas por asesinato o secuestro ni a quienes hayan usado armas de fuego en la comisión de un delito, y tampoco aplica para delitos de alto impacto o delincuentes de alta peligrosidad o narcotraficantes.

Aclaró que la Ley de Amnistía parte básicamente del reconocimiento de que muchas de las conductas que mantienen privadas de su libertad a quienes las cometieron no generaron un daño grave e irreparable a un bien jurídico tutelado, no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros, ni ponen en evidencia la intención del sujeto activo de volver a delinquir.

De esta manera, agregó, se reconoce que en ciertos casos el Estado no ha garantizado plenamente el respeto al derecho a un debido proceso de los indiciados o sentenciados, “dicho en otras palabras y de manera contundente, la amnistía reconoce que hay en nuestras cárceles personas que pudieran ser inocentes o podrían haber compurgado su pena en libertad”.

Finalmente dijo que “lo que se busca ahora más que nunca en estos momentos de emergencia sanitaria y, por razones humanitarias, es reinsertar al tejido social a diversos grupos que sufren de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por su situación de pobreza, tal es el caso de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que no tuvieron o no tienen una defensa adecuada, y de las personas adultas mayores, particularmente con enfermedades crónico degenerativos, así como las mujeres reclusas que son madres, todo ello pensando en proteger y salvaguardar sus derechos humanos, incluido el de la salud”.

FOTO: SENADO