CHAMPURRADO POLÍTICO CDMX

Por Arturo ROMERO SÁNCHEZ

Corresponsal/La Polaca Mich

CIUDAD DE MÉXICO:

  • La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) vulnera la Constitución, es un ataque a la separación de poderes, sostuvo el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD).

Las violaciones que desde el punto de vista del grupo se comenten son al Artículo 127 constitucional, pues no puede vulnerarse al Poder Judicial, involucrándose en su presupuesto.

En conferencia de prensa, el coordinador parlamentario Miguel Ángel Mancera Espinosa refrendó que el GPPRD se sumó a la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del Decreto que expide dicha ley, porque fueron escuchados los argumentos de la bancada.

“Puede establecerse un diálogo de cuáles serán las directrices del país, pero no puede la ley inmiscuirse directamente en el Poder Judicial y determinarlo, porque entonces estaría terminando con su autonomía, con la separación de poderes. También consideramos que se puede vulnerar, incluso, la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene entre sus encargos determinar las remuneraciones de su personal”.

“Nosotros –subrayó— estábamos planteando esta urgente necesidad de darle validez y protección a la división de poderes. Y ahí se escuchó, lo mismo que la vulneración que, desde nuestro punto de vista, se está dando al principio de taxatividad por los delitos que se han creado en esta ley de remuneraciones”.

A nombre de la senadora Leonor Noyola Cervantes y los legisladores Juan Zepeda Hernández, Antonio García Conejo y Juan Manuel Fócil Pérez, dejó claro que el GPPRD comparte los criterios de austeridad, pero respetando la Carta Magna.

  • Fue ratificado el nombramiento de Marcelo Ebrard, como secretario de Relaciones Exteriores, con una cantidad de votos de 104 a favor fue tomada la decisión, y se acordó citar al nuevo Canciller a una reunión de trabajo, el próximo 14 de diciembre, ante las diversas comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República.

Después de tomar la protesta de ley al Secretario, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, aseguró que Marcelo Ebrard es un funcionario competente y experimentado. A nombre del Senado, le deseó éxito en su encargo.

Previamente, al presentar el dictamen, el senador Héctor Vasconcelos informó que el acuerdo se resolvió en reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, por unanimidad de las distintas fuerzas representadas.

Señaló que la trayectoria de Ebrard Casaubon es ampliamente conocida por los senadores y la opinión pública en general. “Hay pocos servidores públicos, cuya trayectoria y méritos son tan conocidos como los de él”.

Destacó que es un funcionario de enorme versatilidad que ocupó cargos muy distintos en los que demostró sus “enormes cualidades”. Reconoció que algunos episodios de su vida política han causado polémica: “Yo diría que ese es el caso de cualquier persona que hace algo en la vida pública, pero es evidente que el saldo es inmensamente positivo para Ebrard”.

El senador de Morena recordó que el Canciller siempre ha estado relacionado con los temas internacionales, no sólo por su formación, sino por interés intelectual y personal; de modo que es un gran conocedor de la escena internacional y de la trayectoria diplomática.

 

• Olga Sánchez Cordero, primera mujer que ocupa el cargo en la Secretaría de Gobernación, referente para las mujeres mexicanas, para exigir el respeto en la equidad y paridad de género en espacios públicos y privados.

La política interior del país tendrá una visión distinta, la de una mujer, aseguró la nueva titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, al tomar posesión del cargo. Por ello, destacó, cumplirá las responsabilidades que la ley le asigna y ejercerá las facultades que esta le confiere.

La Secretaria de Gobernación tomó posesión en su nuevo cargo el 1 de diciembre, como parte de la entrada del Gobierno de México.

La Secretaria Sánchez Cordero garantizó que se privilegiará siempre el diálogo, escuchando a todos, a la mayoría y minorías, “pues en democracia, todas las opiniones pueden expresarse y todas merecen ser atendidas”.

  • La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que en línea con la política de mantener los precios de los combustibles constantes en términos reales, en la semana que comienza el 8 de diciembre se ajustará únicamente el estímulo a la tasa del impuesto especial (IEPS) que aplica al diésel en todo el país.

Los montos de los estímulos se determinan automáticamente de tal manera que amortiguan los movimientos en los precios internacionales de las gasolinas y el diésel, para permitir que los precios en el país evolucionen de manera ordenada.

Esta medida ayuda a que los precios de los combustibles se mantengan estables, como ocurrió durante el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de diciembre ante un ajuste similar, y asegura el cumplimiento de las metas de finanzas públicas para 2018, en tanto se revisa la política general sobre combustibles para 2019.

  • Con el tema, Agresión feminicida y alerta de violencia de género, fueron turnadas a la Comisión de Igualdad de Género dos iniciativas de la diputada Josefina Salazar Báez (PAN). La primera, reforma los artículos 21 y 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para indicar que en el análisis la violencia feminicida, deberán incluirse elementos estructurales, culturales e históricos y, precisar que la alerta de violencia de género, podrá abarcar municipios de una o varias entidades.

La segunda, modifica los artículos 25 y 42 de esa misma ley, a fin de precisar que a la Secretaría de Gobernación corresponderá revisar periódicamente los resultados y cambios operativos de la Alerta por Violencia de Género en todas las entidades o municipios donde se encuentre vigente y, establecer que podrá declarar la incorporación a nuevos municipios en los mecanismos de la misma, siempre y cuando cumplan las disposiciones contenidas en las leyes en la materia.

  • El Partido Acción Nacional (PAN) defenderá “hasta las últimas consecuencias el voto de los poblanos”; y acompañará a Martha Erika Alonso a todas las instancias que haya menester, en defensa de la decisión de los poblanos, aseguró el Presidente Nacional, Marko Cortés Mendoza.

En conferencia de prensa, aseguró que en apego a la justicia y a la legalidad, Martha Erika será gobernadora. “No estás sola y tienes esta institución política que te respalda en la legítima defensa de tu triunfo”.

Acompañando a la gobernadora electa y al Dirigente Nacional estuvieron presentes el secretario general del PAN, Héctor Larios; el coordinador en Diputados, Juan Carlos Romero Hicks; el vicecoordinador en el Senado, Mauricio Kuri; el vocero de la Transición, Maximiliano Cortázar; la presidenta del PAN local, Genoveva Huerta; y el coordinador general Jurídico del PAN, Eduardo Aguilar Sierra.

El Dirigente Nacional también expuso que la elección en Puebla se ganó en el cómputo y en el recuento, resultando una diferencia de 100 mil votos con el otro candidato.

Por esta razón, informó que ayer hicieron una solicitud a la Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que reciba a una comitiva encabezada por él, a fin de presentarle sus argumentos al Pleno de este órgano.

“En Acción Nacional pedimos que se respete la ley, la legalidad y la decisión democrática de los ciudadanos”, enfatizó.

Marko Cortés dejó claro que Acción Nacional siempre acata las resoluciones, sean o no favorables, pero en esta ocasión lastima lo ocurrido, porque Martha Erika será la primera gobernadora de Acción Nacional.

Por su parte, la gobernadora electa Martha Erika Alonso anunció que elevarán la defensa al plano internacional, al acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que a través de una medida cautelar se garantice el debido proceso legal, el acceso efectivo a la justicia y la independencia de los Tribunales.

  • Se aprobó modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos, ahora se incluye corrupción, abuso sexual contra menores, delitos electorales y desaparición forzada, entre otros, a los que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.

Se incluyó abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Previo a la discusión y a propuesta de las comisiones dictaminadoras -Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda- el Pleno aprobó incorporar la corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la Seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad o de la salud.

Además, fue modificado el segundo transitorio para que en un lapso de 90 días, siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión realice adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos correspondientes.

Se agregó un tercero transitorio para que los delitos en materia de corrupción, correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, y entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República, del fiscal anticorrupción.

Los senadores añadieron un artículo cuarto transitorio para precisar que la medida será evaluada con objeto de determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del decreto.

  • El Partido Revolucionario Institucional (PRI), se opone a la modificación del artículo 19; en voz de Claudia Ruiz Massieu, presidenta del CEN del PRI, expresa: “Es claro que en este dictamen hay profundas posiciones encontradas. Por un lado todos coincidimos en que este Senado debe actuar, legislar, para darle al Estado mexicano mejores herramientas para poder abatir la violencia y abatir la impunidad.

Pero no podemos hacerlo a costa de los avances que hemos tenido en los últimos años en materia de derechos humanos, en materia de consolidación de un Estado democrático de derecho.

Creo que a todos nos preocupa la situación que se vive en distintas regiones del país, nos preocupa la impunidad, nos preocupa la violencia y nos preocupa, sobre todo, la preocupación que tienen los ciudadanos que se sienten vulnerables ante esta circunstancia.

Pero también creo que tenemos la obligación de ser muy responsables y muy congruentes antes esta circunstancia. Pero también creo que tenemos la obligación de ser muy responsables y muy congruentes y consistentes con lo que buscamos aprobar.

Principio de realidad. En 2008 los mexicanos decidimos cambiar el paradigma de nuestro sistema penal y nuestro sistema de justicia y aprobamos una reforma de avanzada que tiene como piedra angular los derechos humanos y la presunción de inocencia, entre ellos.

Principio de realidad. En 2011 aprobamos una reforma en materia de derechos humanos, muy ambiciosa, y estas dos reformas cambiaron el paradigma de justicia que tenemos en México.

Esta reforma que se plantea en el dictamen de prisión preventiva, hace nugatoria esas reformas, es regresiva, violenta el principio de presunción de inocencia.

A todos nos preocupa que el sistema de justicia y el sistema penal sea más eficiente, trabajemos en ello, pero no podemos resolver las deficiencias de las fiscalías, las deficiencias de la investigación policial, incluso las deficiencias en la impartición de justicia, mediante una reforma a la prisión preventiva para incluir cada vez más delitos; esto es un contrasentido, va en contra de la reforma al Sistema de Justicia Penal, va en contra de la reforma de los derechos humanos de 2011, y va en contra de la lógica.

Pongamos el trabajo donde hay que ponerlo, fortalezcamos a las instituciones que investigan, a las fiscalías, a las policías, incluso al Poder Judicial, al Sistema Penitenciario, entremos deveras a debatir y a mejor el sistema”.

 

  • En la Cámara de Diputados, asumen como reto superar dispersión de recursos, equilibrar el presupuesto y transparentar su asignación, retos del próximo PEF 2019.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuellar, afirmó que en el proceso de análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, el reto es superar la dispersión de obras y dinero, y terminar con la asignación directa de recursos “que en su mayoría hacen los diputados y los gestores de los gobiernos estatales o ayuntamientos”.

Indicó que se decidió no etiquetar recursos gestionados por los diputados, pues “estamos ante un déficit de visión y compromiso nacional. Es una enfermedad de los grupos parlamentarios, alcaldes, ayuntamientos, y casi todos los gobernadores”, enfatizó.

Aseguró que hay fuerzas muy consolidadas “de abusos y costumbres” que presionan para que en la práctica la etiquetación se dé. “Es una lucha que estamos dando; esperamos ganarla, pues ante la nueva relación de fuerzas, no se debe repetir esa vieja dinámica”.

Durante la presentación del libro “La Negociación Política del Presupuesto”, de Luis Carlos Ugalde (Coordinador), el legislador consideró que la determinación del Presupuesto 2109 no se debe dar bajo la base de la opacidad de casi 300 mil millones de pesos, y la dispersión de recursos en obras inconexas. Recomendó hacer la revisión de “los ingresos de legisladores que antes participaban en la extorsión de la industria de los moches”.

Respecto al Ramo 23, señaló que éste cuenta con recursos importantes que dan certeza y estabilidad de ingresos a las entidades, con fondos de fortalecimiento financiero, programas de desarrollo regional o esquemas como los fondos Metropolitano y de Capitalidad.

“El debate es cómo sometemos a un control y disciplina mayor, con reglas totalmente claras, los fondos que, desafortunadamente, por el retraso de la modernización y actualización de la coordinación fiscal, son oxígeno para que estados y ayuntamientos tengan alguna capacidad de obra, de inversión”.

Dijo que por la precariedad fiscal y financiera de la federación y de los estados y municipios, muchos de esos fondos son la única alternativa para que haya un mínimo margen de inversión en entidades endeudadas y embargadas, con dificultades para pagar nóminas, resolver su gasto corriente. “Debemos enfrentar la realidad con otras bases”, pidió.

 

  • Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, con datos abiertos.

Por el PRI, el diputado Fernando Galindo Favela presentó reforma el artículo 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que el Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP publique, en formato de datos abiertos: información del proyecto de Presupuesto de Egresos y del Presupuesto de Egresos aprobado; el informe trimestral y de Cuenta Pública respecto del Presupuesto modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

También, datos de la planeación de contrataciones y ejecución de los contratos; información que permita identificar características de cada programa presupuestario con base en sus reglas de operación; el avance financiero de los proyectos de infraestructura aprobados, y demás notas que coadyuven a la transparencia y rendición de cuentas del gasto público federal. Se mandó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

 

  • Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, vicecoordinadora del Partido Verde, afirma que cada integrante de un pueblo indígena debe ser tomado en cuenta en el diseño de las políticas públicas de su interés, y presenta una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para garantizar el reconocimiento pleno en la ley, del derecho de las personas indígenas a tener acceso a la información pública en sus lenguas maternas.

La ecologista señaló que cada integrante de un pueblo indígena debe ser tomado en cuenta en el diseño de las políticas públicas de su interés. "Los pueblos indígenas creen en el reconocimiento de la diversidad cultural como un derecho público, en que el Estado tiene la obligación de hacer que coexistan sus formas de gobierno, sus lenguas, valores, identidad cultural y derechos plenos".

En el mismo sentido, Rojo de la Vega informó que de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se estableció que en el 2015 existían en nuestro país casi 12 millones de personas que hablan alguna lengua indígena. En la Ciudad de México, al año 2017, los indígenas sumaban más de 785 mil personas de las casi nueve millones que habitamos en su territorio.

Alessandra Rojo de la Vega, ante el honorable Congreso de la Ciudad, insistió en que dicha iniciativa propone de manera concreta, asegurar el derecho fundamental de acceso a la información pública de los pueblos y comunidades indígenas asentados en la Ciudad de México, en sus lenguas maternas.

 

 

 

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